Medio Ambiente de Castilla y León
Medio Ambiente de Castilla y León
La inspección ambiental es el instrumento empleado por la Administración autonómica para garantizar una efectiva protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Los objetivos fundamentales de la inspección ambiental consisten en comprobar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos impuestos en las autorizaciones y evaluaciones ambientales, y detectar actuaciones no autorizadas ni evaluadas pero susceptibles de afectar negativamente al medio ambiente. Asimismo, la inspección realiza una importante labor preventiva facilitando información ambiental tanto a los operadores económicos como a los particulares, favoreciendo de esta manera una mayor concienciación en favor de la protección ambiental.
La Recomendación 2001/331/CE, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros, contempló por primera vez a nivel europeo la necesidad de planificar las inspecciones antes de realizarlas. Así, se preveía el establecimiento de planes de inspección y fijaba criterios generales sobre el alcance, el contenido mínimo de los planes y la base sobre la que debían desarrollarse.
El artículo 23 de la nueva Directiva 2024/1785/UE, de 24 de abril de 2024, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) obliga a los Estados miembros a contar con un sistema de inspección ambiental que incluya el análisis de toda la gama de efectos medioambientales relevantes de las instalaciones.
El texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, establecen la necesidad de contar con un sistema de inspección ambiental planificado, elaborando programas de inspección, y que dicho sistema garantizará un adecuado nivel de comprobación del cumplimiento ambiental, proporcionando los recursos necesarios, medios personales y materiales, para la prestación del servicio.
Por otra parte, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que las entidades y empresas que produzcan residuos, las que recojan o transporten residuos con carácter profesional, los agentes y negociantes, y las que lleven a cabo operaciones de tratamiento de residuos estarán sujetos a las inspecciones periódicas que las autoridades competentes estimen adecuadas.
