DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LOS PERMISOS DE COTOS DE PESCA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

Durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, NO SE PODRÁ PESCAR en ninguna masa de agua pescable (aguas de acceso libre, cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas de pesca privada o aguas en régimen especial), recordando que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes dadas por las autoridades o por sus agentes podrán ser objeto de sanción en los términos recogidos en el mismo. 

En el marco de la situación de emergencia de salud pública producida por el coronavirus COVID-19 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, se informa que la actividad de la pesca no se encuentra incluida dentro de los supuestos que permiten circular por las vías de uso público.

Por tanto, durante la vigencia del citado Real Decreto no se podrá pescar en ninguna masa de agua pescable (aguas de acceso libre, cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas de pesca privada o aguas en régimen especial), recordando que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes dadas por las autoridades o por sus agentes podrán ser objeto de sanción en los términos recogidos en el mismo.

Aquellos pescadores que hayan abonado permisos de pesca correspondientes a las fechas de vigencia de estado de alarma podrán solicitar la devolución de los importes en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Modelo de solicitud de la devolución del importe de permisos de cotos de pesca (466 kbytes)

Lugares de presentación del modelo de solicitud de devolución:

• Los solicitantes podrán presentar su solicitud de forma electrónica conforme al modelo indicado en la dirección de correo electrónico: cazaypescacyl@jcyl.es

• O bien de forma presencial en cualquiera de los registros oficiales previstos en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.