La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental (DGISA) ha celebrado en octubre de 2025 unas jornadas técnicas en las que se ha dado a conocer el nuevo sistema de inspección ambiental que pone en marcha el
DECRETO 16/2024, de 29 de agosto
, por el que se regula el régimen de vigilancia, inspección y control de las actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras en la Comunidad.
Durante las jornadas se presentaron las principales novedades del nuevo marco normativo, que refuerza la protección del medio ambiente a través de un sistema más ágil, transparente y eficiente. El decreto introduce la figura de los Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA), entidades que podrán colaborar con la Administración autonómica en la realización de actuaciones materiales de inspección, manteniéndose en todo momento la responsabilidad última de la supervisión en el ámbito público.
En 2026 comenzará el nuevo Programa de Inspección Ambiental regulado por este decreto, en el que se determinarán las instalaciones que deberán someterse a inspección y con qué frecuencia, en función de su riesgo ambiental.
La DGISA comunicará con al menos cuatro meses de antelación a los titulares la obligación de contratar a un Organismo de Control Ambiental Acreditado (OCAA), habilitado por la Junta de Castilla y León, para realizar las actuaciones materiales de inspección.
Estos organismos actúan en nombre de la Administración autonómica, por lo que los titulares deben facilitar el acceso a la instalación, la documentación necesaria y la presencia de una persona que conozca su funcionamiento y gestión ambiental durante la visita. En caso de disconformidad con el informe emitido por el OCAA, los titulares podrán presentar sus alegaciones a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León a los órganos centrales y territoriales con competencias en inspección ambiental.
La DGISA mantiene la garantía del proceso de inspección ambiental, desarrollando la planificación, la emisión del informe final, la exigencia de medidas correctoras, la posible apertura de expedientes sancionadores y la publicación de los resultados de las inspecciones, asegurando así la transparencia y el control público.